El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático ha dado un paso significativo en la protección ambiental al aprobar la Norma de Emisión de Olores para el Sector Pesquero. Esta medida busca mejorar la calidad de vida de las personas que residen cerca de las plantas de procesamiento de pescado en todo el país.
La normativa regulará específicamente a 23 plantas de harina y aceite de pescado, predominantemente ubicadas en la región del Biobío, y a 9 plantas de alimento para peces, mayormente en la región de Los Lagos. Estas instalaciones han sido identificadas como fuentes significativas de emisiones de olores que afectan a las comunidades cercanas, haciendo de esta regulación una prioridad en la agenda medioambiental del país.
El objetivo principal de esta nueva regulación es proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la población cercana a las fuentes emisoras. Para ello, se ha adoptado un enfoque tecnológico en la normativa, utilizando las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la reducción de emisiones en el origen. Esto implica que las plantas deberán implementar tecnologías avanzadas de abatimiento de olor y adoptar buenas prácticas operacionales.
El proceso de elaboración de esta normativa comenzó en 2019 y ha sido exhaustivo y participativo. Se han llevado a cabo estudios técnicos y económicos, así como reuniones con diversos comités operativos que incluyen a asociaciones gremiales como la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío y ASIPNOR. Durante el periodo de consulta pública, se recibieron 120 observaciones, lo que refleja el alto interés y la preocupación de la ciudadanía sobre este tema.
Según el Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) del anteproyecto de norma, la relación beneficio/costo es de 1,17, indicando que la implementación de esta normativa es socialmente rentable. Se espera que la norma mejore la calidad de vida de aproximadamente 138.000 personas, al reducir significativamente las molestias causadas por los olores emitidos por las plantas pesqueras.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que esta regulación es un avance importante en términos de justicia ambiental, ya que reducirá la carga ambiental desproporcionada que sufren los grupos vulnerables de la población. Una vez en vigor, las obligaciones establecidas en la norma serán fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, asegurando su cumplimiento y efectividad.
Con la aprobación del Consejo de Ministros, la normativa avanza hacia su firma por el Presidente de la República, seguida de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, y finalmente, su publicación en el Diario Oficial para entrar en vigencia. Este avance representa un hito en la gestión ambiental del país y un compromiso firme con la salud y bienestar de sus ciudadanos.